La situación de los menores no acompañados en España ha ocupado la portada de muchos periódicos. Sin embargo, la infancia migrante en España comprende también a aquellos menores en situación irregular que, aun estando acompañados, se enfrentan a múltiples limitaciones por su condición administrativa. Entre ellas, en el acceso a la educación. Aunque España es uno de los siete estados miembros de la Unión Europea que legalmente reconocen el derecho a la educación a menores indocumentados, el laberinto burocrático al que se enfrentan abre la brecha entre la norma y la práctica, condenando a miles de menores a un futuro aciago.

El informe 'Crecer sin Papeles en España', de Save the Children y la Fundación Por Causa, denuncia que los menores tienen una tasa de irregularidad de un 20,4%, muy por encima de la del conjunto de población migrante sin papeles.